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La Secretaría de Ambiente de la Nación, hizo un pedido para flexibilizar los plazos que fueron fijados el mes pasado por la Corte Suprema para la limpieza del Riachuelo.

La sentencia dictada es declarativa de la existencia del derecho ambiental en crisis, contiene un mandato de condena, que impone en cabeza de la ACUMAR y Estado Nacional y de la Cuenca, el cumplimiento de prestaciones (de dar, hacer o no hacer), y crea, por ello, a favor del titular del derecho la acción tendiente a obtener su ejecución coactiva.

23 de julio de 2008. Así lo anunció el juez federal Luis Armella, quien está a cargo de hacer cumplir el Plan Integral de limpieza que sancionó la Corte Suprema el 8 de julio. Fue en la primera audiencia que realizó con las partes. Estuvieron el Defensor del Pueblo de la Nación y representantes de la Autoridad de Cuenca.